ACCIÓN DE GRUPO CASO DOÑA JUANA

COMUNICADO 06 DE mayo DE 2016
ACCIÓN DE GRUPO “RELLENO SANITARIO  DOÑA JUANA”

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, INFORMA QUE:

Señores INTERESADOS ACCION DE GRUPO DOÑA JUANA

Ref.: Contestación análoga de los derechos de petición interpuestos por demandantes, adherentes y demás interesados frente al proceso del cumplimiento de la Sentencia caso “Doña Juana”. Respuesta proferida por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo. En relación con el artículo 22 de la ley 1755 de 2015, regulatoria de los Derechos de Petición, a efectos de garantizar la eficiencia, calidad y agilidad en la resolución de las peticiones invocadas ante la administración. La mencionada norma permite que estas sean tramitadas y contestadas conjuntamente cuando se traten de más de diez peticiones análogas, e igualmente establece que la respuesta debe publicarse en un diario de amplia circulación, adicionalmente de ser divulgada en la página web de la entidad y entregada al solicitante que expresamente la reclame. En efecto teniendo en cuenta el alto volumen de peticiones allegadas al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, por parte de demandantes, adherentes y demás interesados en el proceso de cumplimiento de la Sentencia del “caso Coña Juana“, la entidad emitirá una respuesta conjunta a dichas solicitudes e individualizara cada uno de los peticionarios respectivamente a fin de dar una respuesta integral a lo preguntado por ellos ante la similitud de lo requerido en el derecho de petición.

Respetados señores:

En atención a su derecho de petición, le informo que la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, en cumplimiento de la función de administrar las condenas colectivas y pagar las indemnizaciones individuales dentro de las acciones de grupo que acojan las pretensiones de la demanda, se ciñe estrictamente al cumplimiento de la sentencia que pone fin a la acción, a la Constitución y a la Ley.

En tal sentido, la sentencia proferida el 1° de noviembre de 2012, corregida y aclarada a través de auto de 3 de diciembre de 2012, por la Subsección C, Sección 3ª del Consejo de Estado, que decidió la acción de grupo No. 250002326000199900002 04, “Relleno Sanitario Doña Juana”, reconoció como beneficiarios a 1.472 personas que demandaron y demostraron dentro del proceso haber sufrido el daño y ordenó se les hiciera efectivo el pago de la indemnización establecida en la misma. Respecto de estas personas la Defensoría del Pueblo se encuentra haciendo los pagos correspondientes.

Es preciso informarle que revisada la base de datos que contiene las 1.472 personas reconocidas en la sentencia, usted no es beneficiario de la misma. Por tal razón, no es posible proceder a hacerle efectivo el pago de la indemnización, en este momento.

Respecto de las personas que no concurrieron al proceso pero que, igualmente fueron lesionados por los mismos hechos, la sentencia que le puso fin a la acción de grupo, determinó que dentro de los veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, podían adherirse a los efectos de la sentencia, para formar parte del grupo a indemnizar, presentando ante la Defensoría del Pueblo una solicitud manifestando su intención de ingresar al grupo y aportando las pruebas que demostraran que para la época de los hechos (27 de septiembre a 31 de diciembre de 1997), residían, trabajaban o estudiaban en el lugar de afectación (5.000 metros alrededor del foco contaminante “Relleno Sanitario”). Igualmente, estableció la sentencia que la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, debía estudiar una a una solicitudes presentadas por los interesados para determinar quiénes efectivamente están demostrando su condición de afectados porque residían, trabajaban o estudiaban en el sector, para establecer quiénes ingresan al grupo a indemnizar y quiénes no.

Por lo expuesto, hasta que la Defensoría del Pueblo no revise las aproximadamente 631.000 solicitudes de adhesión presentadas y determine quienes son los beneficiarios de este segundo grupo a indemnizar, no puede iniciar los pagos. Al respecto, se le informa que para el efecto se firma un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional, quien ya inició el estudio de los documentos, para lo cual cuentan con un término de 24 meses.

Es importante aclarar que el número de radicación es con el que se identificará su solicitud ante la Entidad y no los hace acreedores de la indemnización, solo obtendrán la calidad de beneficiarios una vez sean reconocidos mediante acto administrativo y éste se encuentre en firme.

Cordialmente,

MARTHA MIREYA MORENO PARDO

Directora Nacional de Recursos y Acciones judiciales

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PETICIONARIOS